Hay que entender que la ley que da vida a la JEP es una ley estatutaria, significa que tiene un rango superior sobre las demás leyes y es de carácter prioritario, dado que la naturaleza de los temas que trata son la espina dorsal de nuestra Constitución Política. Por lo tanto, el presidente solo puede negarse a firmar la ley por conveniencia o por constitucionalidad. Y en este caso, la ley ya fue avalada por la Corte Constitucional. Los magistrados estudiaron las normas que la componen y dejaron establecido que ningún punto viola la Constitución.
Por: El Tiranosaurio Digital
LA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ ESTÁ EN PELIGRO DE DESAPARECER o de seguir como va, y ante la división política de los colombianos, ambas parecen ser un peligro para la sociedad. La última palabra la tiene el Presidente de Colombia, Iván Duque, quien, siendo candidato presidencial, dijo que “la JEP es un monumento a la impunidad”.
“La JEP es un monumento a la impunidad y ha representado el mayor debilitamiento de las instituciones jurídicas de nuestro país”, dijo el nueve de febrero del 2018 el entonces candidato presidencial, Iván Duque, en una entrevista concedida al blog ‘La Sal en la Herida’. Ahora, como presidente, tiene plazo hasta el 11 de marzo para firmar, o no, la continuidad de la ley que da vida a la JEP, columna vertebral del acuerdo de paz con las FARC. Por su parte, miles de colombianos impulsan iniciativas como ir a abrazar el edificio donde funciona la entidad para mostrarle su respaldo, mientras que otros miles no quieren que siga.
Para los que no conocen, la Justicia Especial para la Paz –JEP– nació en 2016 y comenzó a funcionar a finales del 2017, bajo la misión de administrar justicia transicional (1) y conocer de los delitos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre del 2016. Además, pretende ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas, con el propósito de construir una paz estable y duradera.
El problema es que ese propósito no es compartido por todos los colombianos, basados en que la JEP es una entidad que no promueve justicia, sino que crea impunidad. Una tesis impulsada por el partido político Centro Democrático, que logró que más de 10 millones de colombianos, el 50.2% de votantes, eligieran el ‘No’ en un plebiscito para implementar los acuerdos de paz con las FARC. Donde estaba incluida la JEP.
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Mucho antes de que perdiera el plebiscito, el Gobierno de entonces –el de Juan Manuel Santos– había mencionado que ante ese escenario no tenía plan B. Por eso cuando ganó el ‘No’, el proceso de Paz quedó en un limbo. Y para solucionarlo, el Gobierno corrigió en menos de dos meses algunos puntos del acuerdo para comenzar a implementarlo, algo que siempre han considerado un robo los promotores del No.
“Para empezar, permite que criminales de lesa humanidad lleguen al Congreso sin investigación, proceso y sanción proporcional a los crímenes cometidos. Segundo, acepta que decir ‘toda la verdad’ no implica aceptar responsabilidad. Esta justicia, que yo llamo Justicia Especial para las Farc, es una humillación a las víctimas que permite que las Farc se salgan con la suya”, seguía el candidato Duque en su entrevista.
Pero hoy la situación ha cambiado… Él es Presidente y la JEP está funcionando, tanto así que ya tiene a más de 15mil comparecientes, entre victimas, exguerrilleros, militares y policías que están dando sus versiones y los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, en cinco grandes casos (2).
Así la situación, el Presidente, que cuando fue candidato, criticaba con el más duro racero la JEP, ahora está entre la espada y la pared. O aprueba con su firma la ley que tajantemente criticó en su carrera hacía la presidencia y en sus cuatro años de Senador, o le da un golpe de muerte rechazándola a conveniencia del Estado. Un mensaje concreto sobre su desacuerdo, el de su partido, y el de los millones de colombianos que lo eligieron, al ya frágil proceso de paz.
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- La justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada.
- Los cinco grandes casos de la JEP:
- Retención ilegal de personas por parte de las FARC entre los años 1993 y 2012
- Priorización de la situación en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño en hechos ocurridos entre 1990 y 2016.
- Las muertes ilegalmente presentadas como bajas en combate por agentes del estado.
- La situación en el Urabá en que están las FARC y la fuerza pública entre los años 1986 a 2016
- Priorización de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribio y Caldono en el norte del departamento del Cauca entre los años 1993 a 2016.
