Tras el asesinato de 285 firmantes del acuerdo de Paz en Colombia, la JEP ordena nuevas medidas para protegerlos a ellos y a sus familias. Las decisiones hacen parte del seguimiento a las medidas cautelares que decretó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad en 2020 para garantizar la vida y seguridad de los exFarc y el derecho de las víctimas a la verdad.
Las medidas se firmaron este 21 de septiembre luego de conocerse el asesinato de Manuel Mena Viveros, la víctima número 285 de los firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia.
Entre las medidas adoptadas por la JEP, se ordenó a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional y al Comando Conjunto Estratégico de Transición que informen si en los medios de comunicación utilizados por la institución castrense existen planes o proyectos para prevenir la estigmatización de los exintegrantes de las Farc-EP que se encuentran en proceso de reincorporación y sus familias.
Asimismo, la Sección ordenó al Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que informe las actuaciones realizadas para lograr la reconciliación, la convivencia y la prevención de la estigmatización en el país.
En el trámite de medidas cautelares colectivas que buscan proteger a los comparecientes forzosos ante la JEP, a través de los Autos 049 y 050, la JEP vinculó al proceso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y le solicitó, al igual que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) que informen qué medidas específicas han adoptado para la protección de los derechos de las hijas e hijos y las parejas de quienes han sido asesinados.
Finalmente, la Sección se mostró preocupada por la gran cantidad de familias de excombatientes que han tenido que abandonar los Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) por la violencia, quedando expuestos a una situación muy grave de vulnerabilidad que afecta su dignidad humana, por lo cual exigió una protección especial de sus derechos a la vida, la libertad, la salud, la integridad, la seguridad personal, la educación, la vivienda digna y el acceso a proyectos productivos que permitan que tengan un ingreso para su subsistencia.
