El debate sobre el Territorio de Usme —Usmeka— no es una discusión técnica sobre la construcción de un parque; es una disputa estructural por el sentido de la protección territorial y sobre quién posee la legitimidad para definirlo.
Durante décadas, Usme ha sido reducida a una “periferia disponible” para el crecimiento urbano, operando como una zona de sacrificio para infraestructuras de alto impacto y actividades extractivas que han dejado una huella de estigmatización. Sin embargo, en medio de estas decisiones verticales, han persistido prácticas campesinas y memorias comunitarias que no solo resisten, sino que producen un conocimiento del territorio que la institucionalidad insiste en ignorar al hacer sus cuentas.
El hoy Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme no inaugura la memoria del lugar, sino que la visibiliza ante una ciudad que le daba la espalda. Lo arqueológico no debe entenderse únicamente como un vestigio inerte del pasado, sino como un detonante político y material que obliga a cuestionar el modelo de expansión urbana y la frágil relación entre el crecimiento de la ciudad y la permanencia de la vida rural. Por ello, resulta incompleto presentar este proceso como una consolidación institucional, pues la base cultural que hoy se intenta ordenar nació y se sostuvo en la autogestión de comunidades que defendieron el suelo incluso cuando la administración pública avanza sobre él.
El valor real del Parque Arqueológico y de Patrimonio Cultural de Usme no reside necesariamente en el hallazgo material, sino en los relatos de resistencia y la defensa de un territorio que se reconoce campesino frente al asedio de la expansión urbana. En este escenario, el parque debe ser garante del reconocimiento cultural de un pueblo que carece de equipamientos, permitiendo dar voz a comunidades cuyas prácticas han sido históricamente invisibilizadas.
Bajo esta premisa, la Casa de Pensamiento se constituye como un puente para armonizar el componente arqueológico con la vida y las expresiones culturales, proponiendo un diálogo de saberes abierto al mundo. Este hecho cultural será el hogar de tejidos comunitarios que, desde 2020, sostienen un equilibrio entre la memoria ancestral y la vida presente, caminando desde la autonomía social y lejos de los esquemas burocráticos.
En una línea similar, las denominadas “juntanzas patrimoniales” se transformaron en procesos de participación real solo gracias a la presión de los habitantes, pues inicialmente carecían de claridades metodológicas por parte de la institución. Los diseños presentados originalmente por la Secretaría de Cultura no fueron reconocidos por el territorio porque no recogían su visión ni sus aportes históricos, evidenciando una postura institucional rígida. Aunque se lograron ajustes, estos quedaron atrapados en marcos contractuales predefinidos que limitaron una transformación más profunda, demostrando que para el Estado prima el cumplimiento del cronograma sobre la construcción de una visión plenamente compartida.
La tensión de fondo radica en que, mientras el discurso oficial habla de protección, el modelo de expansión urbana no se detiene; mientras se administra la memoria en planos técnicos, la vida campesina enfrenta restricciones que alteran su vocación productiva y cultural. Se protege el sitio arqueológico como un hito aislado, pero no siempre se garantizan las condiciones sociales que dan sentido a ese suelo. En este contexto, si bien la contención del crecimiento urbano desbordado las facultades de la administración cultural, es imperativo entender que la permanencia del territorio solo es posible si se garantiza un espacio de memoria viva. Así, el Parque Arqueológico trasciende su valor académico y museográfico para convertirse en el último bastión de identidad; un hecho cultural que asegure que, frente al avance de la ciudad urbana, la comunidad, sus tradiciones sigan dando sentido y significando el territorio.
Existe una brecha ontológica insalvable cuando la institucionalidad traduce el territorio únicamente en resultados verificables, obras visibles y contratos ejecutados. El territorio Usmeka, en cambio, exige procesos de largo aliento, tiempos comunitarios y una comprensión cultural que no cabe en un informe de gestión. Reducir esta complejidad a la entrega de “equipamientos” es desconocer la agencia de los sujetos que han construido el territorio y es ignorar que el patrimonio es una práctica viva de resistencia, no un objeto de consumo cultural para el resto de la ciudad.
El potencial arqueológico de Hacienda El Carmen debe entenderse como el pretexto material para elevar el debate hacia la reparación, el reconocimiento y la resignificación territorial. En un contexto de expansión que transforma, excluye y daña la cultura viva de los pueblos, la protección del patrimonio debe ser el mecanismo que detenga la segregación socio-espacial. No se trata de apuestas netamente museológicas para alimentar el pasado para el turismo, sino de utilizar la evidencia ancestral cultural relacional y vivencia como un tejido que proteja el presente campesino y asegure la biodiversidad del borde sur de la ciudad.
Es necesario que este momento no se agote en más anuncios oficiales, sino que abra paso a conversaciones profundas que la ciudad ha evadido. Se requiere un debate territorial amplio donde la comunidad pueda expresar su visión sin que esta sea traducida de inmediato a un lenguaje técnico que la despoja de su carga política. En un escenario donde el acceso a los grandes medios es limitado para las voces marginales, este espacio de opinión asume la responsabilidad de poner en el centro de la discusión pública lo que sucede en las veredas y en los bordes donde se disputa el futuro de la memoria.
La invitación final es a que tanto la orilla política nacional como la distrital dejen de instrumentalizar el territorio Usmeka como un trofeo de gestión o un eslogan de campaña. La política real del territorio ocurre en la permanencia de la tierra, del fogón, del agua, del río de la montaña, del campesinado, en la protección de los páramos, de los bosques de la vida y en el respeto a los diálogos interculturales que ya existen. Usme requiere una agenda distrital estratégica que reconozca que su riqueza natural y arqueológica es la base de una epistemología distinta, una que propone un modelo de vida frente a un modelo de simple ocupación del suelo.
La pregunta fundamental que queda sobre la mesa no es si existe o no una eficiente gestión institucional, sino qué tipo de territorio se está construyendo y si en él tiene cabida la vida campesina que durante generaciones le ha dado sentido. Si la ciudad avanza borrando las huellas de quienes la antecedieron y desplazando a quienes hoy la cuidan, el resultado no será un parque, sino un monumento al vacío. La reparación territorial comienza por escuchar al borde y reconocer que la cultura es, ante todo, el derecho a permanecer y a decidir sobre el destino del lugar que se habita.
