El 11 de marzo, el presidente Gustavo Petro, convocó a una consulta popular relacionada con las reformas sociales que no han podido ser aprobadas por el Congreso de la República. Pero la oposición está en desacuerdo porque la considera una pérdida de recursos y un ataque a la democracia. En Colombia, ¿el pueblo realmente manda?
La consulta tiene como fin, según el presidente, “permitir que los ciudadanos decidan si quieren que las reformas sociales sean aprobadas y no que esto quede en manos del poder legislativo”. Sin embargo, la oposición, junto con otros sectores que se hacen llamar alternativos, además, la ven como una forma de para que el gobierno pueda perpetuarse en el poder. Y este escenario es el que desencadena la pregunta de este escrito.
Muchos derechos están en juego, pero entre un gobierno que busca dejar un legado, aun cuando tiene escándalos de corrupción y deficiencia en la gestión; y una oposición que defiende a toda costa los privilegios de la oligarquía, ¿el pueblo realmente manda?
El gobierno de Gustavo Petro se posesionó el 7 de agosto de 2022, luego de dos vueltas presidenciales bastante reñidas y con gran parte de la clase política tradicional y algunos de los personajes más poderosos del país en su contra, excepto algunos políticos tradicionales que estuvieron dentro de la campaña de Petro.
Esto permitió iniciar un proceso de cambio que ha tenido bastantes tropiezos, ataques y autosabotaje, pero que ha dejado tres conclusiones fundamentales:
- La poca experiencia del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, ha hecho que no tenga los resultados esperados para muchos sectores sociales.
- La segunda se basa en el rol de la oposición, que ha buscado sabotear, no solo desde el congreso, sino desde las redes sociales y los medios de comunicación hegemónicos, que se han encargado de crear un ambiente de zozobra y crisis, a pesar de que los datos y la realidad diaria digan lo contrario.
- Y la tercera es que todo lo anterior ha invisibilizado los logros que ha tenido el gobierno para las clases menos favorecidas, como las víctimas del conflicto armado, los jóvenes de escasos recursos, los adultos mayores sin pensión ni trabajo y las madres cabeza de familia, entre otras.
El problema es que en medio de la batalla campal que tiene el gobierno con la oposición, y en general con todo el poder político, estamos los colombianos que votamos por el proyecto que representaba un cambio profundo para nuestra sociedad, después de años de gobiernos que solo buscaron continuar con los privilegios de la élite y que pasaron por encima de todo para continuar en el poder.
Así las cosas, el año 2022 representó esperanza y la oportunidad de un gobierno alineado con sus ciudadanos. Pero después de dos años y medio en el poder, los cambios que se imaginaron y se plantearon en la campaña no se han podido concretar, ya sea por negligencia del gobierno o por los obstáculos que ha puesto la oposición.
Las marchas que se han producido durante este tiempo han sido impulsadas desde el gobierno para proteger las reformas; algunas han sido numerosas, otras han sido un fracaso, pero a pesar de ello, pareciera que el pueblo se instrumentalizó para no mostrar debilidad ante sus contrincantes o para presionar a los diferentes poderes.
Pese a que las reformas han sido transadas con los partidos políticos tradicionales para que puedan ser aprobadas, eliminando puntos fundamentales para el beneficio de los ciudadanos, el pueblo lleva muchos años sin ser tomado en cuenta y se buscaba que, durante el proyecto del cambio, la situación fuera totalmente diferente. Y aunque decir que este gobierno es parecido a los anteriores es una falacia, ya que estos le dieron la espalada al país, a pesar de ello, si es cierto que al gobierno en ejercicio le ha faltado un compromiso con la responsabilidad histórica que representa.
Una de las reformas sociales más importantes era la laboral, que buscaba un trato más justo para los trabajadores y las trabajadoras, pero también fue una de la que más obstáculos tuvo, junto con la reforma de salud, debido a que a la mayoría de los empresarios no les conviene que algunos derechos laborales, que se han perdido con las administraciones neoliberales, se recuperen, ya que representa dinero que dejan de percibir.
Los peones que tienen en el congreso indican que esta reforma representaba un peligro para la sociedad, pues podía significar la perdida de muchos empleos, pero esto solo se puede percibir como una amenaza clara, con el objetivo de generar miedo a la reforma.
La consulta popular que propone el gobierno busca presionar al poder legislativo paro poner a rodar de nuevo la reforma laboral y aprobar la de la salud, pero también abre la oportunidad para evidenciar que no solo es la proposición de un gobierno, sino el mandato de la mayoría de un país que busca mejores condiciones para progresar en una sociedad tan desigual.
El presidente Gustavo Petro decretó el día 18 de marzo como día cívico para que las personas participarán en las marchas que él mismo convocó, para mostrar el respaldo del pueblo a las reformas, pero, nuevamente, fue la oportunidad de salir a las calles para respaldar el cambio por el que se votó y las reformas que son necesarias para un avance en la sociedad.
Las calles en todas las ciudades del país evidenciaron el deseo del pueblo para que su voz sea escuchada y tanto el Estado, como la clase política, puedan actuar al respecto. Queda la consulta popular y se presenta como una nueva oportunidad que el mensaje quede aún más claro, que el pueblo es realmente el que manda y exige unos cambios profundos para Colombia.
