Colombia, el cementerio de activistas más grande de América Latina

COLOMBIA ES EL PAÍS NÚMERO UNO DE AMÉRICA LATINA CON EL MAYOR NÚMERO de defensores del medio ambiente y protectores de los derechos humanos asesinados, 126 en 2018, seguido por México con 48. No hay un plan efectivo para su defensa en el país y el 2019 arrancó con la muerte de 18 de ellos. A este paso el segundo país más feliz del mundo se está convirtiendo en el cementerio más grande para activistas en la región.   

Por: Vidal Romero

Según el último informe de la organización Front Line Defenders, en América Latina asesinaron a 321 personas defensores de tierra, del medioambiente o por ser líderes de pueblos indígenas. El 39% de esas muertes se concentró en Colombia, 126 en 2018. Y el panorama empeora en comparación con organizaciones y entidades nacionales.

En el mismo periodo, para Indepaz, el número es de 226 personas, y alertan que es una situación que viene empeorando desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Durante el primero de enero al 17 de noviembre de ese año asesinaron a 97 líderes. y en la misma fecha en 2017 a 159. Sumando los homicidios de los tres años y los que van en 2019, el número asciende a 443.

Los departamentos donde más hay muertes son Cauca, Antioquía, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Córdoba, Meta y Caquetá. Y azota principalmente a los municipios de Tumaco (Nariño), Cáceres e Ituango (Antioquía), La Macarena (Meta), San José de Uré (Córdoba), Tarazá (Antioquía) y Tibú (Norte de Santander).

Lo que no señala el informe es que más allá de las cifras hay un amplio drama humano y social que se extiende como un virus por el país afectando primordialmente a las personas de escasos recursos y en zonas de alta vulnerabilidad. Y que tras el asesinato de cada una de esas personas “queda una familia destrozada y un proceso social silenciado”, como sí lo evidencia la investigación Más allá de las cifras, de la organización Somos Defensores.

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Según ellos, que hicieron un ejercicio comparativo de todos los informes publicados por diversas entidades estatales, internacionales y otras organizaciones sociales en torno a la problemática de los líderes sociales, al igual que en el resto de países de América Latina, este tipo de hechos se producen primordialmente por conflictos territoriales, relacionados con la defensa de territorios étnicos, oponerse a la expansión de la minería y la agroindustria, denunciar el problema de la tierra o reclamar sobre esta, y la estigmatización.

Respecto a los responsables, el informe registra como presuntos autores materiales en la mayoría de los casos a fuerzas paramilitares (47%), seguidos por grupos Desconocidos (38%). Un hecho llamativo, teniendo en cuenta que las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron en 2006 y desde entonces el Gobierno no las reconoce como parte del conflicto, a pesar de que “el fenómeno persiste”. Luego están los miembros de la Fuerza Pública con un 5% y las guerrillas y grupos disidentes de las FARC 10% –aumentando su responsabilidad en comparación al 2017, cuando no alcanzaron ni el 1–.

Ahora, “lo que en principio se pensó sería una leve escalada de acciones armadas por parte de actores que buscaban quedarse con el control de las zonas ex – FARC, se convirtió en un nuevo conflicto regionalizado, que nada tiene que ver con pequeñas escaramuzas de bandas criminales”.