La jurisdicción Especial para la Paz -JEP- estableció que por lo menos 6402 personas fueron asesinadas ilegalmente y luego presentadas como bajas en combate por el Ejército Nacional, una cifra tres mas alta que la reportada por la Fiscalía cuando el tribunal empezó a indagar sobre este oscuro episodio de la historia nacional.
Además, la JEP señaló que el 78% de estos casos sucedió entre los periodos 2002 y 2008, durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así las cosas, las personas ejecutadas extraoficialmente por la Ejército de Colombia, no sería 2248 como reportó la Fiscalía en su informe, sino que hay 4154 más.
Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del Caso 03 de la JEP, que investiga estos asesinatos.
Y aunque varias entidades difieren de la magnitud del crimen, ninguna niega que cuando el país era gobernado por Álvaro Uribe y estaba vigente su política de seguridad democrática, se registró el mayor porcentaje de casos de esta vil práctica que buscaba réditos políticos e inversión extranjera.
De hecho, el fenómeno cayó drásticamente en 2009, una vez ese gobierno dejó el poder. Las víctimas pasaron de 792 en 2008 a 122 casos en 2009.
