Tras el aumento de los grupos armados durante el gobierno de Gustavo Petro y el fracaso de la Paz Total, han asesinado a 45 líderes sociales, ocho firmantes de paz, se han perpetrado 26 masacres y van más de 6000 desplazados en Colombia, pero esto, en los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella, según el informe de Indepaz: 100 días: el costo humano de la violencia.
Un informe de nueve páginas que ha hecho el observatorio de Derechos Humanos y conflictividades con más de 30 años de experiencia, Indepaz, en el marco de los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella. Una administración que se ha marcado por sus posturas radicales para enfrentar la violencia y el terrorismo en Colombia, una apuesta que ha sido bien recibida por los colombianos.
Pese a eso, el observatorio registra 45 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de Derechos Humanos: 36 hombres y 9 mujeres. Cauca concentra 11 casos y Antioquia 8; siguen Putumayo con 4, y La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander con 3 cada uno. Los liderazgos comunitarios y comunales suman 24 de los 45 casos, 13 y 11 respectivamente, ademas de siete liderazgos indígenas. Con el agravante de que en 44 de los 45 casos el registro no identifica al presunto autor.
Lo que no significa que no haya investigaciones, sino que marca el límite del monitoreo público, y que el dato no constituye una conclusión judicial sobre el móvil de cada crimen.

Sumado a lo anterior, El balance registra 26 masacres con 87 víctimas, 5 de ellas menores de edad. Por número de hechos lidera Valle del Cauca con 6; seguido de Antioquia y Tolima con 3 cada uno y Huila con 2. Por número de víctimas el orden cambia: Valle del Cauca 18, Tolima 12, Huila 10 y Antioquia 9.
Por si fuera poco, entre agosto y septiembre, el instituto reporta 17 eventos de desplazamiento que afectaron a 6.667 personas; 13 masivos. Cauca encabeza la lista con 3.474 personas (52,1 %), seguido de Chocó con 1.609, Antioquia con 739 y Bolívar con 424. El 63,7 por ciento de las personas desplazadas lo hicieron por combates entre grupos armados.
El caso de Cauca se relaciona, según el informe, con la emergencia de agosto en Cajibío, en los corregimientos de Ortega y Chaux, donde enfrentamientos, ataques con drones y riesgos para civiles obligaron a familias a huir y dejaron a otras confinadas.

Y es que el tema de los ataques a estaciones de policía está en aumento. Una situación que inquieta al instituto, pues estos drones adaptados para lanzar explosivos han perpetrado ataques cerca de viviendas y escuelas que generan miedo, restringen la movilidad, interrumpen la educación y provocan desplazamientos y confinamientos. Teniendo principalmente azotada las regiones Cauca y Catatumbo, donde más han habido atentados.
En respuesta a esto, el gobierno ha adelantado varias estrategias para frenar la violencia y el terrorismo, principalmente con bombardeos. Según el informe del Ministerio de Defensa de Colombia, los primeros 100 días del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella registraron un total de 9 bombardeos militares que dejaron un saldo acumulado de 73 personas muertas en distintos departamentos del país.
Una política bien recibida entre los colombianos, según la más reciente encuesta de Cifras y Conceptos, donde al presidente se le reconoce que “lo está haciendo bien en seguridad“, afirmó Cesar Caballero, director de la encuestadora. “A la gente le parece bien el tema de la captura de criminales”, agregó. Y También mencionó que los consultados le atribuyen “carácter”, “dedicación” y “trabajo”.
Sin embargo, sumando todos los puntos de esa encuesta, el presidente Abelardo de la Espriella tiene una “favorabilidad de menos de la mitad”. Y que, comparado con los presidentes medidos desde 2012 por Cifras y Conceptos, “le va mejor que a Iván Duque en sus primeros 100 días”, que para ese momento tuvo 33%. Pero le va peor que a Juan Manuel Santos (73%) y Gustavo Petro (62%) en el mismo periodo.

En su conclusión, la población civil sigue pagando el costo de la violencia, reflexiona Indepaz, así como que aclara que los hechos del periodo no pueden atribuirse automáticamente a las decisiones del actual gobierno, porque responden también a conflictos de años atrás.
Manifiesta que al Estado le corresponde prevenir, proteger y responder; defiende el diálogo y la salida negociada; y cita el artículo 22 de la Constitución, que define la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

